La tranquilidad de la colonia José María Morelos, en Acayucan, se vio interrumpida, luego de que dos sujetos armados atacaran a balazos la vivienda del dueño de una pollería de asados, en un hecho que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga como un presunto caso de extorsión.
De acuerdo con los reportes obtenidos por Imagen del Golfo, los individuos, a bordo de una motocicleta, se detuvieron frente al domicilio, y accionaron sus armas de fuego contra la fachada.
Tras el ataque, quedaron esparcidos al menos cuatro casquillos percutidos, mismos que fueron asegurados por peritos de la FGE.
Vecinos señalaron que, durante el fin de semana, el comerciante había sido intimidado por desconocidos que llegaron a su restaurante y entregaron un papel con un número telefónico, con la indicación de que se comunicara. Al no hacerlo, este lunes 8 de septiembre su vivienda fue blanco de disparos.
Aunque no se reportaron personas lesionadas, el hecho mantiene atemorizados a los habitantes de la “Llave del Sureste”, quienes refieren un repunte en hechos de violencia relacionados con este delito y el robo de motocicletas.
Pese a las constantes detenciones de presuntos generadores de violencia realizadas por la Policía Ministerial del Estado, las corporaciones preventivas parecen rebasadas, situación que ha sido aprovechada por infractores para reactivar las extorsiones en esta región sur de Veracruz.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre del primer semestre de 2025, la entidad registró 479 víctimas del delito de extorsión, situación que ha derivado en cierres de negocios.
Ante los constantes casos en el estado, la gobernadora Rocío Nahle ha impulsado una reforma al Código Penal para endurecer las sanciones por extorsión, con la intención de frenar un delito que ha afectado gravemente a comerciantes, transportistas y empresarios. Hasta la fecha, esta iniciativa se encuentra en estudio por parte del Congreso del Estado.
Paralelamente, a nivel federal, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa que este ilícito sea perseguido de oficio, lo que permitiría homologar criterios con la futura Ley General contra la Extorsión.
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